La ordenanza municipal que permite cerrar calles con portones de noche en Villa Allende ya no es solo una medida de seguridad: se convirtió en el símbolo de una ciudad partida. Mientras el Ejecutivo defiende el cierre nocturno de 35 accesos vehiculares como respuesta a la inseguridad, crece una ola de resistencia vecinal que denuncia una «deriva autoritaria, elitista y antidemocrática».
Desde mediados de mayo, el municipio liderado por el intendente Pablo Cornet promueve el cierre de calles secundarias entre las 22:00 y las 6:00. El argumento: contener una supuesta ola delictiva que, según los vecinos críticos, ni siquiera está documentada con estadísticas claras.
Los sectores autoconvocados señalan que la ordenanza 14/25 discrimina, ya que solo permite a los propietarios o contribuyentes rechazar la medida. Quedan afuera inquilinos, trabajadores, comerciantes y vecinos sin títulos de propiedad. “¿La seguridad es solo para quien paga tasas?”, se preguntó indignado Hugo Yagüe, abogado y vecino, impulsor de uno de los dos amparos ya presentados ante la Justicia.
“No queremos vivir entre rejas. Esto no es seguridad: es segregación urbana”, declaró otra vecina en una asamblea pública.
Además del cierre físico de calles, muchos denuncian que la medida crea barreras simbólicas, separando a quienes pueden pagar por su tranquilidad (aunque ahora la inversión sea municipal) del resto de la comunidad. “Esto es urbanismo del miedo: se encierra a los vecinos ‘buenos’ y se deja fuera a los ‘sospechosos’. No se combate el delito, se encubre con candados”, expresó un arquitecto urbano de la UNC en un foro vecinal.
La medida establece que si más del 40% de los contribuyentes de una zona se opone, el plan se cae en ese sector. Pero los críticos advierten que este registro es excluyente y de difícil acceso. “Es un simulacro de participación ciudadana. En lugar de convocar a toda la comunidad, diseñaron un sistema para que el rechazo sea casi imposible de lograr”, denunció Yagüe.
Además, acusan al Ejecutivo de ignorar miles de firmas recolectadas desde enero, e incluso de no recibir a los vecinos disidentes.
La Cámara Contencioso Administrativa ahora tiene la palabra. Dos amparos podrían frenar la ejecución del plan, o al menos abrir la puerta a una instancia de conciliación. Los vecinos exigen que se suspenda la ordenanza y se convoque a una audiencia pública vinculante o incluso a un plebiscito.
Mientras un sector celebra la medida como una respuesta concreta a la inseguridad, otro lo vive como una traición democrática. “Villa Allende ya no se siente como una comunidad: se está convirtiendo en un barrio privado gigante, sin consensos, sin datos y sin derechos”, cerró Yagüe.
¿Seguridad o encierro?
La polémica está instalada. Lo que comenzó como una política barrial ahora pone en jaque el modelo de ciudad que Villa Allende quiere ser.