En un fallo que sacudió al país pero dejó un sabor amargo de impunidad, la Justicia condenó este miércoles a prisión perpetua a Brenda Agüero, la enfermera acusada de asesinar a cinco bebés y atentar contra la vida de otros ocho en el Hospital Materno Neonatal Ramón Carrillo. Sin embargo, el dato que generó mayor indignación social fue otro: el exministro de Salud Diego Cardozo, máximo responsable del sistema sanitario durante las muertes, fue absuelto.
La sentencia, dictada por la Cámara Séptima del Crimen de Córdoba y un jurado popular, declaró por mayoría la culpabilidad de Agüero, transformándola en la primera asesina serial condenada en la historia penal cordobesa. Pero mientras ella recibe la pena máxima, otros implicados —todos jerarcas del sistema de salud provincial— salieron caminando del tribunal, libres y sin castigo patrimonial.
“Violencia institucional pero el ministro absuelto. Me recuerda a algo…”, ironizó Soledad Laciar, madre de Blas Correas, otro caso icónico de impunidad en Córdoba.
Según el veredicto, hubo una serie sistemática de ataques entre marzo y junio de 2022, donde bebés sanos murieron tras recibir inyecciones con potasio en dosis letales. La investigación mostró que las muertes ocurrieron en turnos asignados a Agüero, aunque sin pruebas directas como cámaras, testigos o ADN, lo que para la defensa bastaba para cuestionar todo el proceso.
Pese a ello, el tribunal no dudó en imponerle la cadena perpetua. En contraste, la estructura de poder que permitió que continuaran los crímenes —a pesar de las advertencias de profesionales y muertes reiteradas— apenas fue tocada. La exdirectora del hospital, Liliana Asís, fue condenada a cinco años de prisión pero salió bajo caución. El resto de los directivos, desde el secretario de Salud hasta la jefa de Neonatología, también recibieron penas condicionales o excarcelables. Ninguno irá preso.
Lo más controversial: todas las demandas civiles contra estos funcionarios fueron rechazadas. Es decir, el costo económico y legal de la masacre lo asumirá la Provincia de Córdoba, no sus responsables políticos o sanitarios.
“Es un hecho: la impunidad fue pactada”, dijo el legislador Gregorio Hernández Maqueda, que denunció presiones del poder político sobre la Justicia.
Agüero, detenida desde 2022, quedó como la única cara visible del horror. El Estado, mientras tanto, fue responsabilizado civilmente pero protegido penalmente. La paradoja es brutal: el sistema que encubrió las muertes es también el que hoy se presenta como víctima económica del caso.
📌 ¿Justicia o chivo expiatorio?
La sentencia generó una fractura profunda entre la Justicia cordobesa y la sociedad. Para algunos, se hizo justicia con la condena a Agüero. Para otros, el juicio dejó intacta la red de poder que permitió el crimen más atroz de la salud pública argentina.
Lo cierto es que nadie del poder político irá a prisión. Nadie pagará con su patrimonio. Nadie asumió responsabilidad institucional por permitir que una enfermera supuestamente homicida siguiera atendiendo recién nacidos bajo sospecha durante semanas.