El Concejo Deliberante de Villa Allende aprobó una ordenanza que prohíbe a los “naranjitas” —los cuidacoches informales— trabajar en las calles de la ciudad. La normativa, que entró en vigencia el jueves pasado, no solo criminaliza una actividad de subsistencia, sino que habilita el uso de la fuerza pública para retirar a quienes intenten seguir ganándose la vida en la vía pública.
¿La excusa? “Ordenar el espacio público” y “evitar situaciones de presión”, según palabras del oficialismo. ¿El resultado? Decenas de vecinos —personas con discapacidad, adultos mayores, mujeres solas— condenados a la exclusión total, sin alternativas claras ni reales.
“Están autorizados por ordenanza a requerir de la fuerza pública para ser retirados”, declaró sin titubeos la concejal Soledad Vázquez (PRO), como si se tratara de delincuentes y no de trabajadores informales que hace años conviven con los vecinos.
La ordenanza, votada por mayoría oficialista, abre el camino al estacionamiento medido administrado por app y, según la oposición, podría ser el primer paso hacia la privatización encubierta del espacio urbano. ¿Quién gana? El Municipio, que se queda con la recaudación. ¿Quién pierde? Los de siempre.
Marta Banegas, concejal de la oposición, fue clara:
“Es una gestión deshumanizada. No se realizó ningún relevamiento de las personas que van a quedar sin sustento. No son un problema: son parte de nuestra comunidad”.
El caso de Ariel Rodríguez, un naranjita con discapacidad que trabaja desde 2001 detrás del supermercado Cordiez, deja al descubierto la crudeza de la medida:
“Mi grupo es una segunda familia. Me ayudan a tener mi platito de comida sobre la mesa. Esto nos deja en la calle”, dijo con tristeza.
Pero mientras vecinos como Ariel pierden su sustento, el legislador Hernández Maqueda celebra en redes sociales, felicitando al intendente Pablo Cornet por “acabar con el sistema mafioso de los naranjitas”. ¿Sabrá este legislador que en Villa Allende no hay extorsión, sino voluntad, solidaridad y necesidad?
💬 En la calle, el termómetro está caliente:
- “Es un desastre últimamente, los sacaría a todos”, dice un vecino.
- “Te parte el alma ver cómo los sacan, ellos también tienen derecho a vivir”, responde otro.
Mientras tanto, nadie explica cómo se implementarán los supuestos “programas de inclusión” que menciona la ordenanza. Ni una fecha, ni un censo, ni un nombre. Solo promesas vacías en un papel que ya dejó sin ingresos a quienes menos tienen.
❗¿Orden o exclusión?
La línea es delgada. Y Villa Allende acaba de cruzarla.