La Calera quedó en el centro de una fuerte disputa política y económica que terminó afectando directamente a los vecinos. La ciudad sufrió una severa restricción en el suministro de agua potable, mientras la Municipalidad y la Asociación de Cooperativas Colón Punilla se enfrentan por una deuda millonaria.
Desde la cooperativa aseguran que el Municipio mantiene una deuda superior a los $1.200 millones por la provisión de agua y que la falta de pago puso en riesgo la sustentabilidad del sistema que abastece a todo el corredor de Sierras Chicas. Por eso, anunciaron restricciones progresivas en el servicio.
Desde el Municipio, en cambio, sostienen que la empresa también mantiene obligaciones tributarias con la ciudad por una cifra similar y reclaman compensar los saldos pendientes.
En el medio quedaron los vecinos. Barrios con baja presión, familias sin agua, instituciones afectadas y hasta la suspensión de clases expusieron una realidad incómoda: mientras el Estado y la prestadora discuten quién debe pagar, son los ciudadanos quienes terminan pagando las consecuencias.
El conflicto escaló al punto de que el ERSeP debió intervenir y ordenar el restablecimiento del servicio, además de convocar a una audiencia de conciliación entre las partes. El organismo también dispuso mecanismos de control para verificar que tanto la cooperativa como el Municipio cumplan con sus obligaciones.
La pregunta que queda abierta es inevitable: ¿cómo puede una pelea millonaria entre organismos terminar dejando a una ciudad prácticamente sin agua?
Más allá de quién tenga razón en la disputa económica, el agua es un servicio esencial y los vecinos no pueden convertirse en rehenes de una pelea política, administrativa o financiera.
Ahora, Municipalidad y cooperativa deberán sentarse a negociar. Pero la crisis dejó una advertencia contundente: cuando las instituciones no encuentran una solución a tiempo, la factura termina llegando a quienes menos responsabilidad tienen.
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