El TSJ rechazó el recurso de Adela Arning y abrió el camino para que los vecinos vuelvan a impulsar una consulta popular sobre la continuidad de la intendenta.
Después de 14 meses de disputa judicial, el Tribunal Superior de Justicia de Córdoba declaró inadmisible la casación presentada por la defensa de Arning. Mediante el Auto N.º 185, ratificó lo resuelto por la Cámara Contencioso-Administrativa y habilitó a la Junta Electoral Municipal a retomar el procedimiento.
La iniciativa fue impulsada por el vecino Alberto Dalmazzo, quien reunió firmas para solicitar que la ciudadanía decida en las urnas si la jefa municipal debe continuar en el cargo.
Entre los principales cuestionamientos de la defensa figuraban la validez de las firmas certificadas en la comisaría local y los criterios para determinar quiénes podían adherir al pedido. La mayoría del TSJ respaldó la validez de esas certificaciones y sostuvo que el padrón comprende a todos los electores inscriptos, incluso a quienes no votaron en las elecciones municipales de 2023.
El conflicto comenzó en 2025, en medio de reclamos vecinales por el aumento de las tasas municipales, problemas en la recolección de residuos, el estado de las calles y cuestionamientos a decisiones del Ejecutivo local.En la etapa inicial se presentaron más de 1.500 firmas, pero la Junta Electoral consideró válidas 1.305, por debajo de las 1.391 requeridas para alcanzar el 10% del padrón. La controversia judicial frenó el proceso mientras se resolvían las impugnaciones.
La decisión del máximo tribunal provincial destraba ahora ese escenario, aunque todavía no hay fechas confirmadas para la reanudación. Dalmazzo ya fue notificado, mientras que la jueza de Paz y los abogados de Arning aún no habían recibido la comunicación, por lo que resta conocer cómo y cuándo continuará el trámite.
La revocatoria no implica la destitución automática de la intendenta: el proceso podría desembocar en un referéndum popular en el que los ciudadanos definan su continuidad