El fútbol argentino atraviesa uno de los momentos institucionales más tensos de los últimos años. La decisión de la Asociación del Fútbol Argentino de ratificar el paro que suspendió la fecha 9 del Torneo Apertura expuso una crisis que ya no se limita a lo judicial: también es política, económica y dirigencial.
El conflicto se originó tras la denuncia de la Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA), que acusa a la AFA de haber retenido impuestos y aportes previsionales sin depositarlos en el plazo legal. Según el organismo, la maniobra se habría repetido en decenas de oportunidades entre 2024 y 2025. Desde la conducción que encabeza Claudio “Chiqui” Tapia rechazan las acusaciones y sostienen que los pagos se realizaron antes de los vencimientos, por lo que no existiría delito.
Pero el frente judicial no es el único problema. También avanzan investigaciones sobre presunto manejo irregular de fondos, contratos internacionales bajo la lupa y una causa vinculada a bienes de lujo cuyo origen patrimonial está siendo investigado por la Justicia.
En paralelo, comenzó a aparecer un frente político interno. River Plate decidió suspender su participación en el Comité Ejecutivo de la AFA, marcando una distancia con el actual modelo de conducción. El club cuestiona la falta de mecanismos claros en la toma de decisiones y vuelve a plantear su histórica postura: un torneo de Primera División con menos equipos y mayor previsibilidad institucional.
El paro del fútbol, que inicialmente fue presentado como una muestra de respaldo a la conducción de la AFA, terminó dejando al descubierto las tensiones que atraviesan al sistema. Entre causas judiciales, reclamos de clubes y cuestionamientos a la estructura del torneo, el fútbol argentino vuelve a discutir algo más profundo que un calendario: su forma de gobernarse.