En plena madrugada, el Congreso argentino sancionó la reforma de la Ley de Glaciares, en una votación que dividió al país: 137 a favor, 111 en contra y 3 abstenciones. La iniciativa, impulsada por el presidente Javier Milei y gobernadores de provincias productoras de litio y cobre, busca otorgar mayor autonomía a las provincias para decidir qué áreas periglaciares proteger y cuáles liberar para la minería.
El Gobierno defendió la medida como un ejemplo de “verdadero federalismo ambiental”, afirmando que el desarrollo económico y la protección del ambiente no son enemigos, sino complementarios. Según la Casa Rosada, la ley ofrece mayor precisión científica para proteger glaciares y áreas periglaciares con función hídrica comprobada, mientras que permite explotaciones mineras en zonas previamente catalogadas de forma errónea.
Sin embargo, la oposición y organizaciones ambientalistas denuncian un retroceso histórico en la protección de recursos hídricos. Científicos advierten que los glaciares regulan reservas de agua durante sequías y lluvias escasas, y que la reforma podría poner en riesgo ríos, ecosistemas andinos y el suministro de agua para millones de personas. Grupos como Greenpeace y más de 100.000 ciudadanos ya se movilizaron en audiencias públicas y protestas frente al Congreso, dejando claro que la tensión social está lejos de disiparse.
Desde el oficialismo, se argumenta que esta ley permitirá que la minería crezca al nivel de Chile, que genera ingresos diez veces superiores en exportaciones mineras. Por otro lado, la oposición alerta que la reforma será judicializada, creando incertidumbre legal y política que podría afectar la inversión extranjera.
La reforma mantiene la prohibición de explotar glaciares, pero redefine la protección de áreas periglaciares, limita la acción nacional y traslada gran parte del poder decisorio a las provincias. Esto abre un debate caliente: ¿Es realmente un avance técnico y federalista, o una puerta abierta a la entrega de recursos estratégicos al sector minero?
La discusión no termina aquí: ambientalistas, legisladores opositores y comunidades locales prometen batallar en tribunales y en la calle. Mientras tanto, el Gobierno celebra su primer triunfo legislativo del año, en medio de un escenario económico y social crítico.