Una investigación de ProPublica denuncia que el Gobierno de Donald Trump mantiene retenidos a unos 300 menores migrantes durante más de 20 días en el centro de detención de Dilley, Texas, lo que podría violar el Acuerdo Flores, que limita el tiempo que los niños pueden permanecer bajo custodia federal. El informe documenta casos de estancias superiores a un mes, quejas por falta de atención médica y un deterioro en la salud mental de los menores. El centro fue reabierto en el marco del endurecimiento de la política migratoria.
En paralelo, el jefe interino del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) defendió ante el Congreso lo que calificó como “resultados históricos”: 379.000 arrestos desde 2025 y al menos 37 muertes vinculadas a operativos. La administración sostiene que todos los inmigrantes indocumentados son considerados “criminales”, ampliando así las prioridades de detención.
Mientras tanto, Minneapolis se ha convertido en uno de los principales focos de protesta contra ICE. Durante semanas, manifestantes han ocupado las inmediaciones del Edificio Federal Whipple y otros puntos estratégicos. En la última semana se registraron más de 50 arrestos en distintas acciones, incluidas protestas estudiantiles en la Universidad de Minnesota.
Las movilizaciones lograron la salida de un alto mando de ICE y el retiro de 700 efectivos federales del estado, medidas que activistas atribuyen a la presión en las calles. Sin embargo, organizaciones denuncian un aumento de la represión contra el movimiento.
El ICE, creado en 2003 tras los atentados del 11-S, depende del Departamento de Seguridad Nacional. Bajo la actual administración, ha ampliado sus operaciones, incluyendo acciones en zonas antes consideradas “sensibles” como escuelas e iglesias, y una mayor coordinación con fuerzas estatales y federales.