En una ambiciosa apuesta por reactivar la economía formal y recuperar la confianza ciudadana, el gobierno de Javier Milei presentó este jueves el Plan de Reparación Histórica de los Ahorros de los Argentinos, un paquete de medidas que busca blanquear los dólares fuera del sistema bancario sin penalizar su origen y reducir drásticamente la fiscalización automática sobre los contribuyentes.
El anuncio fue realizado en Casa Rosada por el vocero presidencial Manuel Adorni, acompañado por el ministro de Economía, Luis Caputo; el presidente del Banco Central, Santiago Bausili; y el titular de ARCA, Juan Pazo. “Los argentinos vuelven a ser inocentes hasta que ARCA demuestre lo contrario”, sentenció Adorni, al marcar el eje del plan que busca dejar atrás “la criminalización del ahorro”.
El plan contempla dos etapas: una primera que se pondrá en marcha por decreto presidencial, y una segunda que se enviará como proyecto de ley al Congreso, para blindar legalmente a los contribuyentes que adhieran a este nuevo régimen.
A partir de este viernes, quedarán exentas de ser informadas a la ARCA numerosas operaciones personales: compras con tarjetas, adquisiciones de inmuebles, transacciones con escribanos, expensas, servicios públicos y compra-venta de vehículos usados.
Además, se elevaron los umbrales para solicitar información bancaria, con mínimos de hasta $50 millones para personas físicas y $30.000 millones para jurídicas, según el tipo de operación.
El Gobierno también anunció un nuevo régimen simplificado de Ganancias, que regirá desde el 1° de junio. Bajo este esquema, los contribuyentes solo deberán declarar ingresos, gastos y deducciones, dejando de lado el seguimiento del patrimonio y consumos personales.
La iniciativa no pasó desapercibida a nivel internacional. Desde Washington, la portavoz del Fondo Monetario Internacional, Julie Kozack, advirtió que las nuevas medidas deben respetar los compromisos asumidos por Argentina en materia de transparencia financiera y normas contra el lavado de dinero.
“Estamos observando con atención. Cualquier incentivo al uso de activos no declarados debe estar alineado con los estándares internacionales”, afirmó Kozack, en referencia a la iniciativa que podría facilitar el ingreso de hasta USD 200.000 millones estimados en la economía informal.
En el sector privado, la Cámara de Comercio y bancos nucleados en ADEBA celebraron la decisión como un paso hacia una economía más libre y dinámica. En cambio, analistas financieros y estudios jurídicos mostraron cautela. “Sin incentivos explícitos ni amnistía formal, la remonetización podría ser limitada en el corto plazo”, señalaron desde Adcap Grupo Financiero.
El Gobierno trabaja en la redacción de un proyecto de ley que buscará modificar la ley penal tributaria y la de procedimiento tributario, elevando el monto mínimo para considerar evasión fiscal y acortando los plazos de prescripción penal. El objetivo: ofrecer “seguridad jurídica” a quienes se sumen al nuevo esquema.
Mientras tanto, la Unidad de Información Financiera (UIF) deberá adaptar su normativa para no entrar en contradicción con los estándares internacionales, un punto clave para evitar sanciones externas y mantener el apoyo financiero del FMI.