En el marco del feriado por el Día de la Independencia, se desató un fuerte conflicto socioambiental en torno a un quebracho blanco de más de 280 años ubicado sobre la Avenida Padre Luchesse. El árbol, considerado por vecinos y organizaciones como patrimonio natural e histórico de la zona, fue objeto de un fallido intento de remoción encabezado por el municipio, en medio de protestas, denuncias de aprietes institucionales y una creciente resistencia ciudadana.
La Municipalidad de Villa Allende, encabezada por el intendente Pablo Cornet, había dispuesto el traslado del árbol para avanzar con la obra de ampliación de la avenida a doble vía. Sin embargo, luego de más de 12 horas de trabajos con maquinaria pesada, la grúa contratada no logró levantar el árbol debido a la profundidad de sus raíces.
El Secretario de Gobierno, Felipe Crespo, sostuvo públicamente que si no se logra un nuevo intento de traslado, “lamentablemente el árbol será talado”.
Durante la noche del miércoles, vecinos del acampe recibieron una nota oficial firmada por la jueza de Paz Noemí Graciela Alfaro, donde se solicita a los manifestantes que se manifiesten «a favor del traslado», bajo amenaza de que la Municipalidad procederá a la “remoción o tala” si no hay conformidad. Los asambleístas calificaron el documento como un acto de «extorsión» institucional.
“No vamos a responder opciones extorsivas. El quebracho no se toca. Corran la traza”, señalaron desde la Asamblea de vecinos autoconvocados.
Ante la amenaza de tala, especialistas técnicos y ambientalistas presentaron una alternativa concreta: desviar el trazado de la avenida unos pocos metros. Esta modificación permitiría conservar el árbol sin afectar la seguridad vial, ya que se respetaría la velocidad máxima vigente de 60 km/h.
Pese a ello, las autoridades municipales insisten en que el árbol representa un «obstáculo» para la obra, descartando públicamente, hasta ahora, la alternativa propuesta.
El operativo, ya cuestionado por realizarse de noche y sin medidas de seguridad adecuadas, perdió el respaldo técnico cuando la empresa encargada se retiró del lugar. Según trascendió, otras compañías de grúas en la provincia también se negaron a participar por considerar al árbol un bien natural que debe ser preservado.
La movilización vecinal no cede. Con vigilia permanente y acampe, los manifestantes sostienen la consigna “El quebracho no se toca”, y acusan al gobierno local y provincial de actuar con improvisación y violencia institucional.
“Este quebracho ya estaba cuando se declaró la Independencia. Hoy lo arrancan del suelo mientras celebramos la libertad”, expresaron en redes sociales.
La Asamblea difundió una lista de funcionarios responsables de lo que denominan un “crimen ambiental”, incluyendo al gobernador Martín Llaryora, la ministra de Ambiente Victoria Flores y al intendente Pablo Cornet, entre otros.