Con 137 votos a favor y 83 en contra, el Parlamento italiano aprobó de forma definitiva el Decreto-Ley 36, una normativa impulsada por el gobierno de Giorgia Meloni que limita drásticamente el acceso a la ciudadanía italiana por descendencia. La medida afecta de lleno a miles de argentinos, quienes históricamente han sido uno de los grupos más numerosos en solicitar la ciudadanía por «ius sanguinis» (derecho de sangre).
El nuevo régimen, que se convierte en ley una vez lo firme el Presidente Sergio Mattarella —algo previsto en las próximas horas—, restringe la transmisión de la ciudadanía italiana a los hijos y nietos de ciudadanos italianos nacidos en Italia. Quedan excluidos los bisnietos, tataranietos y generaciones posteriores, que hasta ahora podían acceder al pasaporte europeo mediante un trámite administrativo o judicial.
📉 Fin del acceso desde Argentina para la mayoría de los descendientes
La medida golpea especialmente a Argentina, donde se estima que más de 60.000 trámites están en curso y la mayoría corresponde a bisnietos de italianos. A partir de la entrada en vigencia de esta nueva ley, solo podrán continuar los trámites iniciados antes del 27 de marzo de 2025 a las 23:59 (hora de Roma).
Aquellos que tengan turnos asignados en consulados italianos previos a esa fecha, aunque la cita sea posterior, también se regirán por la ley anterior. En cambio, quienes no hayan logrado presentar la documentación o no consiguieron turno antes del límite, quedan fuera del sistema.
🛂 Alternativa: vivir en Italia por dos años
La única excepción para los bisnietos será trasladarse a Italia y residir legalmente por al menos dos años. Para ello, deberán tramitar un permesso di soggiorno (permiso de residencia y trabajo), acreditar su vínculo de descendencia y vivir de forma continuada antes de poder solicitar la ciudadanía.
Este mecanismo ha sido criticado por algunos especialistas, que lo consideran un “ius soli encubierto”, al priorizar la residencia por sobre el vínculo sanguíneo.
👶 Cambios para menores de edad
La nueva ley también establece plazos estrictos para inscribir a hijos menores de edad:
- Los nacidos antes del 27 de marzo de 2025 deberán ser inscriptos antes del 31 de mayo de 2026.
- Los nacidos después de esa fecha tendrán un plazo de un año desde el nacimiento para ser registrados como ciudadanos.
⚖️ Habrá reclamos judiciales por inconstitucionalidad
Legisladores como Franco Tirelli (MAIE) y abogados expertos ya anunciaron que presentarán recursos ante la Corte Constitucional italiana, argumentando que la ley es discriminatoria por generación y viola el principio de igualdad.
Una audiencia clave está programada para el 24 de junio de 2025, cuando el Tribunal Constitucional evaluará demandas de inconstitucionalidad vinculadas a esta y otras reformas a la ley de ciudadanía.
🔎 Lo que no cambia
- Los ciudadanos italianos actuales no pierden derechos.
- La ciudadanía por matrimonio sigue vigente, con los requisitos habituales (mínimo 2 o 3 años de matrimonio y nivel B1 de italiano).
- Los trámites ya iniciados con turnos anteriores al 27 de marzo seguirán su curso bajo las reglas previas.
📣 “La identidad no tiene fecha de vencimiento”
En redes sociales, la reacción no se hizo esperar. Miles de usuarios expresaron su frustración bajo hashtags como #CiudadaníaItaliana y #Discriminación, y en los grupos de descendientes italianos en Argentina se repiten palabras como “injusticia”, “cierre” y “traición”.
“La identidad no tiene fecha de vencimiento ni generaciones contadas. Si mi bisabuelo fue italiano, yo también tengo derecho a serlo”, publicó una usuaria en X (ex Twitter), luego de haber reunido toda su documentación sin poder obtener turno a tiempo.
🛠️ ¿Qué hacer ahora?
Expertos recomiendan a quienes ya hayan comenzado el proceso:
- Verificar si su turno o carpeta fue ingresada antes del 27 de marzo.
- Consultar con abogados especializados sobre posibles vías judiciales.
- Considerar emigrar a Italia si desean continuar con el trámite como bisnietos.
También recuerdan que existen patronatos y organizaciones como MAIE que brindan asesoramiento gratuito para orientar a los ciudadanos afectados.