Luego de casi 30 años hubo acuerdo por las indemnizaciones a los damnificados por las explosiones en las instalaciones de la planta local de Fabricaciones Militares ocurridas en #RíoTercero el 3 de noviembre de 1995, ciudad que quedó destruida para tapar un contrabando de armas.
Presidida por el Dr. Abel G. Sánchez Torres, junto a la vicepresidenta Dra. Graciela Montesi y el juez Dr. Eduardo Ávalos, la audiencia celebrada este jueves permitió resolver las trabas judiciales que mantenían paralizados cerca de 10.000 procesos desde hace décadas.
Primero cobrarán los damnificados de más de 65 años. Serían entre 7 y 8 millones de pesos por damnificado de acuerdo al cálculo establecido por ley.
Los acontecimientos sucedieron el 3 de noviembre de 1995, cuando explotó la fábrica militar de Río Tercero, dejando un saldo de siete muertos y más de 300 heridos. De acuerdo con los distintos fallos judiciales, lo sucedido fue una acción “intencional, programada y organizada”, con el objeto de “ocultar un faltante de proyectiles, municiones y/o explosivos”, como maniobra para encubrir el comercio ilegal de armas a Croacia y Ecuador.