En un fallo sin precedentes, la jueza federal estadounidense Loretta Preska, del Distrito Sur de Nueva York, ordenó al Estado argentino transferir el 51% de sus acciones en la petrolera YPF como parte de pago por la indemnización de USD 16.100 millones por la expropiación de la compañía en 2012. El Gobierno de Javier Milei anunció que apelará la decisión en todas las instancias posibles.
Preska instruyó a la Argentina a depositar las acciones en una cuenta de custodia del Bank of New York Mellon dentro de 14 días. A continuación, deberán ser transferidas a los fondos demandantes Petersen Energía y Eton Park —representados por la firma Burford Capital— quienes ganaron el juicio por considerar que el proceso de nacionalización de YPF violó las reglas corporativas y los derechos de los accionistas minoritarios.
“Se concede la moción de los demandantes. La República Argentina transferirá sus acciones clase D de YPF… e instruirá a BNYM a iniciar la transferencia… dentro de un día hábil”, señala el escrito judicial.
La jueza también rechazó el pedido del Estado argentino de presentar argumentos orales, indicando que no había más cuestiones por discutir, y solicitó cerrar formalmente el caso.
Tras conocerse la resolución, los títulos de YPF cayeron más del 5% en Wall Street, con su ADR retrocediendo hasta los 31,54 dólares, reflejando la incertidumbre sobre el futuro de la petrolera controlada por el Estado argentino desde 2012.
El presidente Javier Milei responsabilizó directamente al exministro de Economía Axel Kicillof por la situación. En declaraciones en redes sociales, lo calificó como “el inútil soviético” y aseguró que su administración “apelará en todas las instancias para defender los intereses nacionales”.
“Pasaron más de 10 años y los argentinos seguimos sufriendo las consecuencias del peor gobierno de la historia… Yo avisé que el soviético es un pelotudo”, escribió Milei en X (ex Twitter).
Desde el oficialismo también se estudia impulsar un marco legislativo que impida la pérdida efectiva del control de YPF, invocando la inmunidad de los activos soberanos.
La demanda fue iniciada por los fondos Petersen y Eton Park en 2015, alegando que la expropiación de YPF —anunciada por Cristina Fernández de Kirchner y diseñada por Axel Kicillof— se realizó sin cumplir con el estatuto de la empresa, que exige realizar una oferta pública de adquisición si se toma el control mayoritario.
La Justicia de EE.UU. falló en 2023 contra Argentina, condenándola a pagar más de USD 16.000 millones. El caso sigue abierto en la Corte de Apelaciones del Segundo Circuito, donde el país presentó una apelación que aún no fue resuelta.
En paralelo, países como Brasil, Uruguay, Chile y Ecuador presentaron escritos ante la Justicia estadounidense defendiendo el principio de inmunidad soberana y criticando la posibilidad de ejecutar activos fuera de la jurisdicción nacional.
🧭 Qué puede pasar ahora
- El fallo será apelado por el gobierno argentino, lo que puede suspender la ejecución hasta una resolución firme.
- Organismos internacionales y países de la región seguirán de cerca el proceso por sus implicancias en soberanía económica.
- YPF podría quedar expuesta a un cambio de control, lo que generaría un terremoto político y económico si se concreta.
Con este fallo, la estatización de YPF vuelve a encender tensiones judiciales, políticas y diplomáticas a más de una década de su ejecución, poniendo en juego el control de uno de los activos estratégicos más importantes de la Argentina.