En una ajustada votación de 36 a favor y 35 en contra, el Senado de la Nación rechazó el proyecto de ley “Ficha Limpia”, que proponía impedir que personas con condenas por delitos contra la administración pública pudieran postularse a cargos electivos. La iniciativa, impulsada por sectores del oficialismo y el PRO, ya contaba con media sanción de Diputados, pero no alcanzó la mayoría requerida en la Cámara Alta, lo que generó una inmediata reacción política.
Desde el gobierno de Javier Milei, la respuesta fue categórica. El Presidente calificó el resultado como “lamentable” y, mediante un comunicado oficial, acusó al Senado de actuar como “refugio de la casta política” y de proteger los privilegios de los corruptos. La Oficina del Presidente prometió insistir hasta que el proyecto se convierta en ley, mientras referentes como Patricia Bullrich y Manuel Adorni denunciaron una supuesta complicidad entre el kirchnerismo y senadores aliados que votaron en contra.
Por su parte, la diputada Silvia Lospennato, una de las autoras del proyecto, expresó que los senadores que rechazaron la ley “defraudaron a la Argentina”. También el abogado Alejandro Fargosi, impulsor del proyecto original, lamentó la decisión y aseguró que “la lucha sigue”.
En contraposición, desde Unión por la Patria celebraron el rechazo y denunciaron que la iniciativa buscaba “proscribir” a la expresidenta Cristina Fernández de Kirchner. La senadora Anabel Fernández Sagasti y otros dirigentes kirchneristas aseguraron que “ganó la democracia”, y compararon el intento de aplicar Ficha Limpia con prácticas autoritarias.
La senadora Silvia Sapag fue más allá y afirmó que el proyecto permitía que otros delitos graves quedaran impunes, como el narcotráfico o los abusos sexuales, mientras se perseguía selectivamente a dirigentes del peronismo. También acusó al oficialismo de intentar eliminar figuras incómodas del escenario político.
La votación, decidida por un solo voto, dejó al descubierto tensiones internas en el oficialismo y reactivó el debate sobre cómo combatir la corrupción sin vulnerar derechos políticos fundamentales. El tema promete seguir en agenda.