Mientras Córdoba arde, literalmente, por la pérdida de su bosque nativo, el gobernador Martín Llaryora avanza con un proyecto que puede marcar un antes y un después en la destrucción ambiental del Gran Córdoba: la pavimentación de la Ruta E-64, una traza de apenas 9 kilómetros que atraviesa la Reserva Natural de la Defensa La Calera, la más grande y estratégica del área metropolitana.
Pero lo que se vende como “conectividad” esconde una jugada turbia: negociar con tierras nacionales protegidas a cambio de saldar deudas previsionales, una operación que ni siquiera fue informada a las instituciones que gestionan la reserva, como la Administración de Parques Nacionales o el Ejército Argentino. ¿Coincidencia? Difícil de creer.
Vecinos, biólogos, brigadistas y organizaciones sociales ya lo advierten: la traza del camino será la excusa perfecta para el desembarco de desarrollos inmobiliarios, esos mismos que están devorando el monte nativo desde hace décadas. Con La Calera, Malagueño y Carlos Paz creciendo sin control, la reserva aparece como el último botín para los especuladores del cemento.
La reserva alberga especies en peligro como pumas, yaguarundíes y corzuelas, y regula el agua del Río Suquía, vital para Córdoba capital. Pero nada de eso parece importar cuando hay 18 mil millones de pesos en juego y un «progreso» que avanza a toda velocidad… sobre lo que quede vivo.
“Esto no es una ruta. Es una puerta de entrada al ecocidio y la privatización de lo que debería ser intocable”, dice Javier Bernasconi, brigadista y referente ambiental de la zona.
El camino E-64 no solo corta monte: también atraviesa la memoria. En dictadura, fue utilizado para trasladar a personas detenidas en el ex centro clandestino La Perla. Hoy, el mismo suelo podría esconder restos de desaparecidos. Y sin embargo, el gobierno provincial ni siquiera consultó al Equipo Argentino de Antropología Forense, que trabaja en el lugar.
“Pavimentar sin investigar es borrar la historia. Es un insulto a la memoria y a los derechos humanos”, denuncia Guadalupe Samoluk, trabajadora del espacio de la memoria de La Perla.
Este proyecto, nacido en silencio y a espaldas de la ciudadanía, no pasó por ninguna audiencia pública, no tiene estudio de impacto ambiental aprobado y viola leyes nacionales sobre áreas protegidas. La ministra de Ambiente provincial, Victoria Flores, ya se negó en el pasado a aplicar estos mecanismos participativos. Y esta vez, repite el guion.
Mientras tanto, uno de los asesores ambientales de Llaryora –Guillermo Díaz Cornejo– forma parte del directorio de Parques Nacionales… en una muestra grotesca de conflicto de intereses.
Las sospechas no son solo ambientales. ¿Qué se negocia en las reuniones entre Llaryora y el ministro Luis Caputo? ¿Por qué se busca «provincializar» tierras federales que valen oro para el mercado inmobiliario?
“Están rematando el futuro por una deuda. Es vender el tanque de agua de Córdoba para pagar la tarjeta de crédito”, sintetiza el geógrafo Joaquín Deon.
Vecinos, científicos, estudiantes, militantes y periodistas ya están caminando la reserva, visibilizando el atropello. Y lo hacen con una consigna clara: #LasReservasNoSeTocan.
Porque lo que está en juego no es solo un camino. Es el derecho a decidir cómo vivir, qué ciudad construir y qué legado dejar.