La Corte Penal Internacional (CPI) ha emitido órdenes de arresto contra el primer ministro israelí, Benjamín Netanyahu, y el exministro de Defensa, Yoav Gallant, por supuestos crímenes de guerra y crímenes de lesa humanidad cometidos en la Franja de Gaza desde octubre de 2023. Según la CPI, ambos son acusados de utilizar la inanición como método de guerra y de llevar a cabo ataques deliberados contra la población civil, acciones que se consideran violaciones graves del derecho internacional.
Esta decisión ha generado una reacción contundente por parte de las autoridades israelíes. Netanyahu calificó la orden de arresto de «infundada» y acusó a la CPI de ser «enemiga de la humanidad». En un videomensaje, el primer ministro reiteró que no cedería a las presiones internacionales y continuaría defendiendo a Israel. Además, la oficina de Netanyahu denunció que la CPI tiene un sesgo contra Israel y rechazó las acusaciones como falsas y absurdas.
Las órdenes de arresto también han suscitado reacciones internacionales. Estados Unidos y Argentina se opusieron a la medida, mientras que la Unión Europea, Colombia, y organizaciones como Amnistía Internacional y Human Rights Watch expresaron su apoyo al dictamen. Por su parte, Italia indicó que, de recibir a Netanyahu en su territorio, estaría obligada a cumplir con la orden de arresto de la CPI.
La decisión de la CPI ha añadido una nueva capa de complejidad al conflicto en Gaza, con la justicia internacional en el centro del debate sobre las acciones de Israel durante la guerra.