La ciudad de Villa Allende quedó en el centro del debate tras la instalación de portones en calles secundarias de barrios como Lomas Sur y Pan de Azúcar. La medida, impulsada por el intendente Pablo Cornet, busca restringir la circulación vehicular entre las 22 y las 6 de la mañana como parte de un plan integral de seguridad.
Desde el municipio aseguran que el objetivo es claro: prevenir delitos, reducir accesos y facilitar el control policial. El proyecto incluye además cámaras, patrullaje y monitoreo, en un intento por dar respuesta a una de las principales preocupaciones de los vecinos: la inseguridad.
Pero no todos están de acuerdo.
Un grupo de vecinos autoconvocados salió a cuestionar la medida y ya llevó el reclamo a la Justicia. Denuncian que nunca fueron consultados, que se trata de un gasto innecesario y, sobre todo, que se está vulnerando el derecho constitucional a circular libremente. “Elegimos vivir en un barrio abierto, no queremos que nos impongan horarios ni recorridos”, expresaron.
Además, advierten sobre posibles riesgos: calles sin infraestructura adecuada, demoras en emergencias y situaciones que podrían incluso facilitar delitos en puntos de acceso obligados.
Del otro lado, hay quienes apoyan la iniciativa y creen que cualquier medida que sume seguridad es necesaria, aunque no sea perfecta. “No es infalible, pero es un avance”, sostienen.
La discusión está abierta: ¿cerrar calles es una solución real o apenas un parche ante un problema más profundo? ¿Se puede combatir la inseguridad limitando la circulación?
Mientras avanzan las instalaciones y crece la tensión, la decisión podría sentar un precedente no solo en Córdoba, sino en todo el país.
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