Un nuevo escándalo sacude a las fuerzas de seguridad de Córdoba. Un exagente de la Fuerza Policial Antinarcotráfico (FPA) denunció prácticas ilegales utilizadas por efectivos para financiar investigaciones en el interior provincial, fuera del control judicial. La revelación ya generó consecuencias judiciales, incluida la imputación de un fiscal.
Según el testimonio, los agentes utilizaban droga incautada y dinero de su propio bolsillo para pagar a «dateros» —informantes— y avanzar en causas sin autorización fiscal. «Por ejemplo, si secuestraban 50 gramos, reportaban 30 y los otros 20 volvían al círculo para usarlos en otra investigación», explicó al referirse a operativos en la zona de Cruz del Eje.
El exagente subrayó que estas maniobras eran toleradas por sus superiores debido a los buenos resultados estadísticos, pero advirtió que se trataba de «una bomba de tiempo». Además, aseguró que esta metodología era común en pueblos del interior donde «un auto desconocido puede alertar a toda la comunidad y arruinar una operación».
Las declaraciones coinciden con la causa judicial que involucra al fiscal Raúl Ramírez, su secretario Patricio Bazán y al jefe de la FPA local, Mauricio Oyola, acusados de encubrir la desaparición de 353 gramos de cocaína y 158 gramos de marihuana que debían enviarse al depósito judicial.
La investigación, impulsada tras la denuncia del exjefe de la FPA Adrián Salcedo, ya suma 12 imputados —entre ellos 10 policías— por asociación ilícita, encubrimiento y manipulación de pruebas. Se detectaron sobres con droga sin enviar durante años y actas de traslado alteradas.
El testimonio del exagente expone una red de corrupción estructural que pone en duda el accionar de las fuerzas de seguridad y la fiscalía en el combate al narcotráfico en Córdoba.