La reciente decisión de la Cámara de Apelaciones de Nueva York marcó un giro decisivo en el juicio por la expropiación de YPF. El tribunal dejó sin efecto la sentencia de la jueza Loretta Preska que obligaba a la Argentina a pagar más de US$16.000 millones al fondo Burford.
El punto central del fallo: los jueces entendieron que la expropiación de 2012 —impulsada durante el gobierno de Cristina Fernández de Kirchner— se rigió por la ley argentina, y no por el estatuto de la empresa. Esta interpretación mejora sustancialmente la posición del país en el litigio.
Sin embargo, el conflicto está lejos de cerrarse. El caso podría escalar a la Corte Suprema de Estados Unidos o derivar en tribunales arbitrales como el CIADI, donde Argentina tiene antecedentes desfavorables.
En el plano local, el fallo desató una fuerte disputa política. El presidente Javier Milei celebró la decisión y cuestionó la estatización, mientras que el gobernador Axel Kicillof sostuvo que la resolución valida lo actuado en 2012. Especialistas advierten que ciertas declaraciones podrían afectar la estrategia jurídica del país.
Más allá de la controversia, el resultado refleja una línea de defensa sostenida por distintos gobiernos a lo largo de los años. Para el mercado, la noticia trajo alivio: subieron las acciones argentinas, aunque persisten dudas sobre el frente financiero.
📌 Un fallo favorable, pero no definitivo. La disputa por YPF sigue abierta.