El ministro de Justicia, Mariano Cúneo Libarona, cuestionó la constitucionalidad de la figura de femicidio e informó que trabaja en una reforma del Código Penal. Según sostuvo, la tipificación actual —incorporada en 2012 mediante la Ley 26.791— resulta “difusa e imprecisa” y debería modificarse para garantizar “equidad” en la aplicación de las penas.
La propuesta apunta a reemplazar o ampliar el concepto actual por una figura más abarcativa que contemple también homicidios en contextos de violencia de género sin distinción de sexo. “El sexo no puede generar privilegios ni impunidad”, afirmó el funcionario, al tiempo que descartó que una eventual reforma implique liberar condenados.
La figura de femicidio fue creada para agravar los homicidios de mujeres cuando median razones de género, con el objetivo de visibilizar una violencia específica. Desde su implementación, organismos judiciales y sociales destacan su importancia para dimensionar el problema y orientar políticas públicas.
Sin embargo, el debate se da en un contexto de cifras alarmantes: según organizaciones como MuMaLá y el observatorio Ahora Que Sí Nos Ven, en 2026 ya se registran entre 66 y 73 femicidios, lo que equivale a un caso cada 33 horas. En la mayoría de los hechos, los agresores eran parejas o ex parejas, y muchos ocurrieron en el ámbito doméstico.
El planteo del Gobierno reabre una discusión de fondo: si la ley debe mantener una figura específica para la violencia contra las mujeres o avanzar hacia una tipificación neutral que abarque todas las víctimas por igual.