El Gobierno nacional volvió a poner en el centro de la escena el debate por la propiedad y el control de las tierras rurales en Argentina. Con el objetivo de reunir los votos necesarios en el Senado, el oficialismo presentó un nuevo dictamen que modifica el proyecto original y fija un límite del 25 % para la adquisición de tierras por parte de personas físicas o jurídicas extranjeras en cada distrito. El tope vigente hasta ahora es del 15 %.
La iniciativa será tratada en una sesión que se anticipa como una de las más tensas del año. Mientras el oficialismo busca aprobar la norma, la oposición, organizaciones ambientalistas y diversos sectores sociales advierten sobre el posible impacto que la medida podría tener en la soberanía nacional y en el control de recursos estratégicos.
La ministra de Seguridad y jefa del bloque oficialista en el Senado, Patricia Bullrich, defendió la propuesta y aseguró que los Estados extranjeros no podrán adquirir tierras en el país. También afirmó que cualquier operación realizada por empresas con participación estatal deberá contar con la aprobación conjunta de la Nación y de las provincias involucradas.
El nuevo texto incorpora, además, modificaciones en el régimen de expropiaciones, al establecer criterios más estrictos para declarar la utilidad pública de un bien y avanzar sobre su adquisición por parte del Estado.
El proyecto divide opiniones incluso dentro de los espacios políticos que habitualmente acompañan al Gobierno. Algunos legisladores sostienen que la medida favorecerá la llegada de inversiones y el desarrollo económico. Otros, en cambio, consideran que podría abrir la puerta a una mayor concentración de tierras y a la pérdida de control sobre zonas fronterizas, cuencas hídricas y regiones con importantes reservas minerales.
En paralelo, distintas organizaciones convocaron a una movilización frente al Congreso para expresar su rechazo a la iniciativa, mientras continúan las negociaciones entre el oficialismo y los sectores dialoguistas.
El resultado de la votación dependerá, en gran medida, de un grupo de senadores que aún no definió su postura y que podría inclinar la balanza en un debate que promete dejar una profunda huella en la política argentina.