En un hecho que encendió todas las alarmas sobre el estado de la libertad de expresión en Argentina, un juez civil hizo lugar a una medida cautelar presentada por el Gobierno nacional que prohíbe a los medios de comunicación difundir audios donde se escucha a Karina Milei, hermana del Presidente y Secretaria General de la Presidencia, presuntamente implicada en un circuito de coimas que salpica a la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS) y a laboratorios privados.
El fallo, firmado por el juez Alejandro Patricio Maraniello, fue presentado por funcionarios del Ejecutivo como una medida para «proteger la privacidad», pero es leído por amplios sectores políticos, periodísticos y judiciales como un caso de censura previa inédito desde la recuperación de la democracia.
«La Constitución es clara: no puede haber censura previa. Ningún juez debería tener la potestad de prohibirnos informar», declaró el periodista y empresario Mario Pergolini, al repudiar la medida.
Los audios, cuya autenticidad aún no fue desmentida de manera contundente, revelan diálogos comprometidos entre Karina Milei y el asesor Diego Spagnuolo, en los que se menciona un presunto reparto de retornos («3% para Karina») en licitaciones vinculadas a medicamentos y dispositivos médicos. También se hace alusión directa a laboratorios privados con vínculos políticos.
Operación de distracción o confesión implícita
Según fuentes cercanas a Casa Rosada, la maniobra judicial no buscaba impedir realmente la circulación de los audios (que ya se viralizaron en redes), sino desviar el eje del debate mediático hacia la libertad de expresión y alejar la atención del escándalo de corrupción.
«Estamos hablando de eso y no estamos hablando de lo otro, ¿no?», habría dicho un funcionario cercano a los Milei, según publicó el portal Infobae.
Inteligencia paralela, espionaje y el factor Menem
El escándalo se entrecruza con las declaraciones de García Furfaro, empresario vinculado a la comercialización de fentanilo, quien denunció públicamente presiones de «una SIDE berreta manejada por Caputo», y mencionó que lo querían forzar a «explotar a los Menem» a cambio de protección judicial. Esta línea de investigación todavía no ha sido negada ni desmentida por el oficialismo.
Efecto electoral: ausentismo o voto castigo
En la antesala de las elecciones bonaerenses, el peronismo observa con expectativa el impacto del escándalo. Si bien no esperan un traspaso masivo de votos hacia su espacio, apuestan a que el hartazgo social y la sensación de impunidad provoquen una caída en la participación de votantes libertarios. La incertidumbre domina la recta final.
¿Y la libertad de prensa?
Distintas organizaciones, entre ellas el Foro de Periodismo Argentino (FOPEA) y la Asociación de Entidades Periodísticas (ADEPA), han advertido sobre los peligros de legitimar decisiones judiciales que buscan condicionar el trabajo de la prensa en temas de interés público y relevancia institucional.
“La corrupción en áreas sensibles del Estado no puede quedar amparada bajo el silencio judicial”, advirtió un comunicado conjunto.
Mientras tanto, los audios siguen circulando en redes
A pesar del intento de silenciar a la prensa, los audios ya se encuentran ampliamente compartidos en redes sociales y apps de mensajería. Pero ¿por cuánto tiempo más? El Gobierno ya amagó con allanar medios alternativos, como el canal Carnaval, que publicó parte del material.
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Argentina, 2025. Un gobierno que llegó prometiendo libertad, hoy la pone en pausa.