Mientras cientos de niños luchan por su vida en el principal hospital pediátrico del país, el Gobierno de Javier Milei y su ministro de Salud, Mario Lugones, optan por un recorte brutal en lugar de soluciones. En medio de su cruzada por la «eficiencia», desfinancian al Garrahan, desprecian al personal sanitario y dejan a los pacientes a la deriva.
Los médicos residentes rechazaron un «aumento» de sueldos que, lejos de ser una mejora real, es un bono no remunerativo: no cuenta para jubilaciones, aguinaldos ni obra social. “Es pan para hoy y hambre para mañana”, aseguran desde la asamblea. El paro sigue y este jueves volverán a marchar.
Pero no están solos: enfermeros, camilleros y administrativos —más del 90% del personal— también van al paro. “Nos llaman ñoquis, pero somos quienes sostenemos este hospital con nuestras manos”, denuncian desde ATE, tras el desprecio del Ministerio de Salud y sus comunicados cargados de ideología.
La exdiputada Elisa Carrió fue más allá y denunció penalmente a Lugones por abandono de persona, delito que podría costarle hasta 15 años de prisión. “Lo que sucede con el hospital es un crimen moral. Están ajustando a los más indefensos: los niños”, declaró.
El conflicto ya llegó al Congreso: Diputados avanzan con dictámenes para declarar la emergencia del Garrahan, pero el oficialismo hace todo lo posible para evitarlo. El gobierno busca bloquear el quórum, aún a costa de los derechos de los pacientes.
Por si faltaba tensión, la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, anticipó un operativo antipiquetes para reprimir la movilización conjunta de jubilados, médicos y colectivos feministas como Ni Una Menos este miércoles frente al Congreso. La orden es clara: palo antes que diálogo.
Mientras tanto, Milei replica los tuits del ministro y respalda un ajuste que ni siquiera disimula su desprecio por la salud pública. “Los recursos son para los médicos, no para la militancia rentada”, dijo Lugones. Pero los médicos están en la calle. ¿A quién se refiere?
La pregunta ya no es si hay conflicto. La pregunta es: ¿cuántos chicos más tienen que enfermarse sin atención para que el Gobierno escuche?