El nuevo Plan de Inteligencia filtrado apunta a quienes «erosionen la confianza pública». El periodista Hugo Alconada Mon, blanco de ataques. El Gobierno niega todo, pero aumenta el presupuesto de la SIDE un 254%.
En pleno ajuste económico, con universidades colapsadas, jubilaciones en la miseria y protestas en alza, el gobierno de Javier Milei decidió aumentar en un 254% los fondos reservados para la SIDE. ¿El objetivo? Según un documento confidencial filtrado por el diario La Nación, espiar a ciudadanos que «manipulen la opinión pública» o critiquen las políticas económicas y de seguridad.
La revelación encendió todas las alarmas. El Plan de Inteligencia Nacional (PIN), aún no aprobado oficialmente pero ya en circulación dentro de los servicios de inteligencia, menciona como “blancos de interés” a actores sociales que “erosionen la confianza” en la gestión del Gobierno o “difundan desinformación”. El texto no aclara si se refiere a potencias extranjeras o, simplemente, a un jubilado con carteles frente al Congreso.
El periodista de investigación Hugo Alconada Mon, quien accedió y publicó partes del documento, sufrió en las últimas 72 horas una oleada de amenazas, hackeos, intentos de suplantación de identidad y mensajes intimidatorios. Todo indica que la inteligencia del Estado está operando fuera del marco legal para silenciar voces críticas.
Pero el Presidente no se detiene ahí. En redes sociales, Milei afirmó que el “90% del periodismo son los mayores fabricantes de fake news de la historia de la humanidad”. Un discurso que busca deslegitimar a la prensa libre mientras, por debajo, se multiplican los operativos de vigilancia digital.
Mientras las partidas para salud, educación y ciencia se recortan sin piedad, el Gobierno triplicó el dinero para espionaje sin control judicial. La SIDE —manejada en las sombras por Santiago Caputo, el Rasputín libertario sin cargo oficial— sigue operando como en los peores tiempos: con opacidad, impunidad y persecución ideológica.
La nueva directiva, según fuentes del Congreso, también insta a monitorear a «grupos sociales vulnerables» que podrían «capitalizar la polarización política». Traducido al lenguaje de calle: organizaciones piqueteras, jubilados que protestan por una pensión digna, trabajadores en huelga o docentes movilizados.
Aunque la Casa Rosada niega todo y se refugia en comunicados altisonantes, los hechos hablan más fuerte que los tuits. Varios legisladores pidieron citar al jefe de la SIDE, Sergio Neiffert, a la Comisión Bicameral. Pero mientras tanto, las amenazas se vuelven cotidianas y el clima social se enrarece.
¿Estamos ante una restauración del espionaje interno como método de gobierno? ¿Volvió el “enemigo interno” como excusa para espiar a quien piense distinto? ¿Puede sobrevivir la democracia con servicios de inteligencia fuera de control y un Presidente que llama “llorones” a quienes denuncian operaciones sucias?