La Justicia de Córdoba elevó a juicio oral y público la causa conocida como “usina de facturas truchas”, en la que se investiga a siete exfuncionarios de la Municipalidad de La Calera por una maniobra de defraudación al Estado. El perjuicio estimado supera los 22 millones de pesos de la época, equivalentes hoy a más de 1.650 millones.
La decisión fue tomada por el juez de Control Anticorrupción Gustavo Hidalgo, tras la investigación del fiscal Matías Bornancini, quien tomó el caso a partir de una denuncia presentada por las diputadas nacionales Elisa Carrió y Leonor Martínez Villada.
Según la acusación, entre 2014 y 2016 se habrían emitido facturas falsas a nombre de personas sin relación con el municipio —algunas en situación de indigencia o residentes en otras provincias— para justificar pagos de supuestos servicios nunca prestados. La operatoria incluía la firma de cheques por parte del entonces subsecretario de Contables, que eran cobrados por personal de Finanzas en el Banco de Córdoba.
El intendente actual de La Calera, Fernando Rambaldi, celebró la elevación a juicio y afirmó: “Tenemos la obligación de no mirar para el costado cuando hay causas de corrupción”. Además, calificó lo ocurrido como una “asociación ilícita” para vaciar las arcas del municipio, y apuntó directamente contra la “casta calerense rufeilista”, en alusión a los exintendentes Rodrigo y Facundo Rufeil.
Aunque Rodrigo Rufeil fue desplazado de la causa, continúan imputados otros exfuncionarios como Pablo Gustavo Facta, Claudio Gastón Morán, Juan Aparicio Sandoval y María Esther Figueroa. La Municipalidad pidió constituirse como querellante y solicitó el embargo preventivo de bienes para garantizar la devolución del dinero.
La causa será juzgada por la Cámara 10ª del Crimen de Córdoba. La decisión aún puede ser apelada por las defensas.