Era 16 de junio de 1955 y en pos de derrocar a Juan Domingo Perón, quién transcurría su segundo mandato presidencial, las Fuerzas Armadas Argentinas encabezadas por la Marina en conjunto con la Aviación Civil, bombardearon Plaza de Mayo dejando más de 300 víctimas fatales y alrededor de 1200 heridos.
Un año antes, el peronismo había triunfado en elecciones generales que se celebraron para elegir vicepresidente y cubrir la vacante generada en el cargo por la muerte de Hortensio Quijano. El gobierno buscaba respaldo popular ante un frente opositor creciente compuesto por la Iglesia Católica, la Sociedad Rural, y amplios sectores de las Fuerzas Armadas, principalmente la Marina.
En un escrito presentado este jueves en el juzgado federal 6 de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, la Secretaría de Derechos Humanos de la Nación pidió que se investigue como crimen de lesa humanidad y que se realice un juicio por la verdad en el que se reconozcan los hechos y se repare a las víctimas luego de tantos años de impunidad.
A pesar del tiempo transcurrido, estos hechos nunca fueron investigados. Aunque es claro que los responsables materiales e intelectuales en su mayoría ya han fallecido, el Estado tiene la obligación de investigar, juzgar, sancionar y reparar los crímenes de lesa humanidad.